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Una locomotora con muchos vagones.
Fuente: El Tiempo
La minería en sí no es problema cuando se ejerce de manera responsable y fuera de áreas protegidas o de gran impacto para la biodiversidad y las fuentes de agua. Lo grave es la minería sin control, que es una verdadera bomba ambiental.
La siguiente es una infografia de lo que hace la minería ilegal.
Confusas y contradictorias. Así son las informaciones que se reciben acerca de la minería. Desde mensajes de correo electrónico en los que se muestran fotografías apocalípticas de una mina a cielo abierto en Perú, y que se utiliza para alertar a los colombianos sobre cómo quedará el país si cae en manos de las multinacionales, hasta las proclamas del presidente Santos, quien afirma que la minería será una de las cinco locomotoras que impulsarán la economía de un gobierno comprometido a proteger la biodiversidad.
El debate no es nuevo. La minería es una de las actividades que más polémicas genera por los efectos que provoca en la macroeconomía y el empleo, así como su impacto social y ambiental. En el mundo entero, y en Colombia, se ve de todo como en botica. Desde proyectos de calidad y responsabilidad ambiental y social muy altos, hasta esquemas improvisados, en ocasiones amparados por el crimen, que son poco menos que antesalas del infierno.
La sola mención de la palabra minería puede generar rechazo por diversos motivos, que los defensores de la actividad enumeran: desinformación y manipulación de la misma; intereses políticos y económicos opuestos, o por control de manejo de recursos; egoísmo; posicionamiento de poder para negociar intereses individuales; romanticismo; oposición a desarrollo económico clásico; odio a los empresarios.
Pero voces muy autorizadas y sensatas también ponen en estado de alerta a la ciudadanía. Porque una cosa es que se pueda hacer minería de manera responsable, y otra muy distinta que esta se lleve a cabo.
Son varios los aspectos que deben tenerse en cuenta. Y ya que el presidente Santos habla de la locomotora de la minería, no sobra asomarse en algunos de los distintos vagones de este complejo tren de mercancías para ver qué cargan.
La locomotora.
La minería es un renglón más que relevante de la economía colombiana. Se proyecta que en 2010 el sector minero-energético generará seis billones de pesos en regalías, de los cuales dos corresponden a la minería extractiva. Las teorías económicas tradicionales consideraban que el desarrollo minero no generaba crecimiento y, por el contrario, concebía efectos nocivos en la economía. En los últimos años ha cambiado esta percepción negativa gracias a países como Chile y Australia, que han alcanzado altos niveles de crecimiento económico basados en el desarrollo de su minería. Es un sector que en el mundo entero se encuentra en auge, con perspectivas de que la bonanza en los precios de los metales, que han crecido más del doble en los últimos ocho años, se mantenga varios lapsos más. Eso sí, es importante señalar que una bonanza minera puede llevar a un crecimiento económico sostenido, siempre y cuando se la acompañe con instituciones de buena calidad, políticas macroeconómicas adecuadas y el desarrollo de tecnología y formación del capital humano.
El problema no es la minería en sí. El desafío no es técnico porque, como se dice en el habla popular, "eso ya está inventado". La minería organizada desarrolla tecnologías cada vez más amigables con el entorno. En Colombia existen proyectos mineros de gran envergadura que han manejado de manera responsable el ambiente y el tejido social, como El Cerrejón y Cerromatoso. Además, una buena operación minera puede financiar la recuperación ambiental en otras áreas, mejorar el entorno social y beneficiar poblaciones abandonadas por el Estado.
El vagón de las ideologías.
Los defensores de la minería responsable sugieren dejar a un lado la carga ideológica. A ratos las voces se concentran en alejar del país la minería responsable por abordar el debate equivocado. El discurso del "no a las multinacionales" suena muy patriótico; pero, sostienen ellos, se trata de escoger entre un modelo responsable o dejar que los ilegales, algunas veces disfrazados de 'artesanales', llenen de mercurio los ríos. Al menos la minería legal paga impuestos, se puede multar, y se le puede y debe exigir.
Las grandes compañías mineras que cotizan en las bolsas de valores del mundo manejan reportes como el Global Reporting Initiative, GRI, que homologa la forma de cuantificar emisiones e indicadores de manejo ambiental. Estas compañías deben responderles a sus accionistas y cualquier error se lo cobran los inversionistas. Así que a veces resulta provechosa la llegada de una multinacional seria. Obvio, no todas lo hacen como es debido, como lo muestra la minería del carbón en el Cesar.
El vagón de la biodiversidad
Pero la minería, aun con las mejores prácticas ambientales, no puede realizarse en cualquier parte. En un país como Colombia existen zonas de gran sensibilidad ambiental y por ello la Ley es muy clara al prohibirla en áreas protegidas, páramos y zonas de reserva forestal. Algo que parece tan lógico y evidente fue motivo de disputas entre el Ministerio de Minas y el Ministerio de Ambiente y varias organizaciones de la sociedad civil cuando, a mediados de 2009, se hizo público que el Instituto de Geociencia y Minas (Ingeominas) había concedido o tramitaba en aquel momento 1.800 títulos en la reserva forestal de la Amazonia, otorgado 44 títulos en 14 parques nacionales y adjudicado o gestionado el 54 por ciento del área total de los páramos, sin acatar sentencias de la Corte Constitucional que exigen excluir esos ecosistemas de toda explotación minera. Por esa razón en la reforma del Código de Minas se excluyeron los páramos, los humedales protegidos en la Convención Ramsar y las áreas de reserva forestal.
El vagón de la legislación
¿Qué tan actualizada está la legislación ambiental colombiana, y más si se tiene en cuenta que en los últimos 50 años el país ha sufrido grandes transformaciones? Por sólo poner un ejemplo, de acuerdo con la Ley Segunda de 1959, el casco urbano de Valledupar queda en la reserva forestal de la Sierra Nevada de Santa Marta.
Además, las concepciones sobre la conservación han evolucionado y la industria, al aprender de errores del pasado, ha avanzado de manera notable en los procesos de reutilización, reciclaje y manejo de desechos contaminantes. A ratos el discurso ambiental se basa en saberes y paradigmas de los años 70 y no tiene en cuenta que algunas cosas han cambiado para bien.
El vagón del Estado
Mientras que funcionarios y personas cercanas al Ministerio de Minas consideran que la legislación es rigurosa, voces que defienden las banderas del ambientalismo tienen serios reparos al respecto. Señalan que en los últimos años se ha impuesto una política laxa, visible en las empresas mineras del Cesar, como lo señaló la Procuraduría en su investigación de 2008.
Las autoridades del sector minero reconocen que se puede estar fallando en el seguimiento a los proyectos por parte de la autoridad ambiental. Voces más críticas consideran que a pesar de ciertos avances la regulación ambiental en temas mineros sigue siendo muy pobre. La información sobre áreas sensibles del país aún es incompleta, no se cuenta con un buen sistema de información ambiental y hace falta organizar la institucionalidad.
Un paso importante ha sido la creación de Tremarctos (www.tremarctoscolombia.org), una herramienta que puede advertir si un proyecto de infraestructura va a afectar un área protegida (ya sea del orden nacional, regional o municipal), de importancia arqueológica, así como territorios de las comunidades negras y resguardos indígenas. Con ella los sectores de minas, energía y transporte pueden planificar desde el comienzo sus proyectos, detectar eventuales daños al ambiente y de manera preliminar pueden adecuar el diseño o el trazado del proyecto, estudiar la manera de compensar el área y la comunidad afectadas cuando resulta inevitable provocar una alteración en el ecosistema o el paisaje, o sencillamente desistir del proyecto si afecta un área vedada.
Si las autoridades mineras utilizaran Tremarctus se disminuirían en gran medida los conflictos. Cualquier inversionista serio piensa que una vez le han otorgado la licencia de exploración significa que no van a encontrarse con ningún impedimento social ni ambiental, y muchas veces los sorprenden con demandas y conflictos jurídicos cuando el proyecto ya está en una etapa avanzada de su desarrollo. La ineficiencia también entra en el juego. Mientras que en el Ministerio del Ambiente suelen cumplir los tiempos de ley para otorgar una licencia ambiental, en las corporaciones autónomas regionales se ven casos de expedientes de más de 20 años sin solución en los que la operación ya concluyó.
El vagón de la ilegalidad
La verdadera lacra es la minería ilegal, una plaga no solo ambiental sino social, que en ocasiones financia grupos armados al margen de la ley y se utiliza para lavar activos del narcotráfico; no genera ingresos de calidad a los trabajadores y no paga regalías. Mal llamada en algunos casos "pequeña minería", avanza sin ningún control. Ejemplos como los del Río Dagua, en el Valle; el bajo Cauca, Ayapel, el sur de Bolívar y algunas zonas del Chocó constituyen una catástrofe ambiental que tendrá consecuencias por varias generaciones.
Pero eso no es lo más triste. Delante de las narices de las autoridades entran a Colombia equipos que extraen oro sin permisos, sin controles y que no pagan impuestos ni regalías. Se trata de 60 o 90 millones de dólares que se movilizan sólo en adquisición de equipos para cada una de estas "pequeñas operaciones ilegales", supuestamente de pequeños y pobres mineros.
Para que Colombia siga la senda de crecimiento sostenido de Australia, Canadá y Chile, y además se haga realidad la promesa del presidente Santos de proteger la incalculable riqueza natural de Colombia, hace falta tener reglas de juego claras, seguridad jurídica, coordinación interinstitucional y atraer a inversionistas que aporten tecnología de punta, paguen impuestos y regalías, manejen de manera adecuada el ambiente y restauren los ecosistemas que afectaron cuando terminen la explotación.
Por Eduardo Arias
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* Texto basado en conversaciones y entrevistas con Sandra Suárez, ex ministra de Ambiente; Beatriz Duque, directora de Minas del Ministerio de Minas y Energía; Arturo Quirós Boada, director ejecutivo de la Cámara Asomineros de la ANDI; Carlos E. Díaz, director ejecutivo de la Cámara Colombiana de Minas; Marcello Veigas, de la Universidad de British Columbia; Fabio Arjona, de Conservación Internacional, así como la lectura de La minería en Colombia: impacto socioeconómico y fiscal, de Mauricio Cárdenas y Mauricio Reina (Cuadernos de Fedesarrollo No. 25); artículos de prensa escritos por Manuel Rodríguez Becerra, ex ministro de Ambiente, y Carlos Alberto Jaramillo, presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas de Colombia, y correos electrónicos enviados por diversas organizaciones ambientales y cívicas. Las opiniones aquí expresadas, aunque sustentadas en declaraciones de las personas arriba citadas, son responsabilidad el autor.
La minería en sí no es problema cuando se ejerce de manera responsable y fuera de áreas protegidas o de gran impacto para la biodiversidad y las fuentes de agua. Lo grave es la minería sin control, que es una verdadera bomba ambiental.
La siguiente es una infografia de lo que hace la minería ilegal.
Confusas y contradictorias. Así son las informaciones que se reciben acerca de la minería. Desde mensajes de correo electrónico en los que se muestran fotografías apocalípticas de una mina a cielo abierto en Perú, y que se utiliza para alertar a los colombianos sobre cómo quedará el país si cae en manos de las multinacionales, hasta las proclamas del presidente Santos, quien afirma que la minería será una de las cinco locomotoras que impulsarán la economía de un gobierno comprometido a proteger la biodiversidad.
Ejemplo: el video que se presento días atras donde unos actores leen un texto que habla sobre la minería a cielo abierto y dejan un interrogante sobre los mitos de la minería. No les contaron que cuando se CIERRA una mina: * Se coloca la tierra removida. * Se restauran los sistemas hidrogeológicos y los acuíferos. * Se vuelve a colocar la capa vegetal del banco de tierra conservados al comienzo de la operación. * Se replantan las bacterias, las plantas conservadas en los bancos genéticos y se restauran los ecosistemas alterados generando acciones conservacionistas en toda la region.
El debate no es nuevo. La minería es una de las actividades que más polémicas genera por los efectos que provoca en la macroeconomía y el empleo, así como su impacto social y ambiental. En el mundo entero, y en Colombia, se ve de todo como en botica. Desde proyectos de calidad y responsabilidad ambiental y social muy altos, hasta esquemas improvisados, en ocasiones amparados por el crimen, que son poco menos que antesalas del infierno.
La sola mención de la palabra minería puede generar rechazo por diversos motivos, que los defensores de la actividad enumeran: desinformación y manipulación de la misma; intereses políticos y económicos opuestos, o por control de manejo de recursos; egoísmo; posicionamiento de poder para negociar intereses individuales; romanticismo; oposición a desarrollo económico clásico; odio a los empresarios.
Pero voces muy autorizadas y sensatas también ponen en estado de alerta a la ciudadanía. Porque una cosa es que se pueda hacer minería de manera responsable, y otra muy distinta que esta se lleve a cabo.
Ejemplo de cierre de mina en Brasil.
Son varios los aspectos que deben tenerse en cuenta. Y ya que el presidente Santos habla de la locomotora de la minería, no sobra asomarse en algunos de los distintos vagones de este complejo tren de mercancías para ver qué cargan.
La locomotora.
La minería es un renglón más que relevante de la economía colombiana. Se proyecta que en 2010 el sector minero-energético generará seis billones de pesos en regalías, de los cuales dos corresponden a la minería extractiva. Las teorías económicas tradicionales consideraban que el desarrollo minero no generaba crecimiento y, por el contrario, concebía efectos nocivos en la economía. En los últimos años ha cambiado esta percepción negativa gracias a países como Chile y Australia, que han alcanzado altos niveles de crecimiento económico basados en el desarrollo de su minería. Es un sector que en el mundo entero se encuentra en auge, con perspectivas de que la bonanza en los precios de los metales, que han crecido más del doble en los últimos ocho años, se mantenga varios lapsos más. Eso sí, es importante señalar que una bonanza minera puede llevar a un crecimiento económico sostenido, siempre y cuando se la acompañe con instituciones de buena calidad, políticas macroeconómicas adecuadas y el desarrollo de tecnología y formación del capital humano.
El problema no es la minería en sí. El desafío no es técnico porque, como se dice en el habla popular, "eso ya está inventado". La minería organizada desarrolla tecnologías cada vez más amigables con el entorno. En Colombia existen proyectos mineros de gran envergadura que han manejado de manera responsable el ambiente y el tejido social, como El Cerrejón y Cerromatoso. Además, una buena operación minera puede financiar la recuperación ambiental en otras áreas, mejorar el entorno social y beneficiar poblaciones abandonadas por el Estado.
El vagón de las ideologías.
Los defensores de la minería responsable sugieren dejar a un lado la carga ideológica. A ratos las voces se concentran en alejar del país la minería responsable por abordar el debate equivocado. El discurso del "no a las multinacionales" suena muy patriótico; pero, sostienen ellos, se trata de escoger entre un modelo responsable o dejar que los ilegales, algunas veces disfrazados de 'artesanales', llenen de mercurio los ríos. Al menos la minería legal paga impuestos, se puede multar, y se le puede y debe exigir.
Las grandes compañías mineras que cotizan en las bolsas de valores del mundo manejan reportes como el Global Reporting Initiative, GRI, que homologa la forma de cuantificar emisiones e indicadores de manejo ambiental. Estas compañías deben responderles a sus accionistas y cualquier error se lo cobran los inversionistas. Así que a veces resulta provechosa la llegada de una multinacional seria. Obvio, no todas lo hacen como es debido, como lo muestra la minería del carbón en el Cesar.
El vagón de la biodiversidad
Pero la minería, aun con las mejores prácticas ambientales, no puede realizarse en cualquier parte. En un país como Colombia existen zonas de gran sensibilidad ambiental y por ello la Ley es muy clara al prohibirla en áreas protegidas, páramos y zonas de reserva forestal. Algo que parece tan lógico y evidente fue motivo de disputas entre el Ministerio de Minas y el Ministerio de Ambiente y varias organizaciones de la sociedad civil cuando, a mediados de 2009, se hizo público que el Instituto de Geociencia y Minas (Ingeominas) había concedido o tramitaba en aquel momento 1.800 títulos en la reserva forestal de la Amazonia, otorgado 44 títulos en 14 parques nacionales y adjudicado o gestionado el 54 por ciento del área total de los páramos, sin acatar sentencias de la Corte Constitucional que exigen excluir esos ecosistemas de toda explotación minera. Por esa razón en la reforma del Código de Minas se excluyeron los páramos, los humedales protegidos en la Convención Ramsar y las áreas de reserva forestal.
El vagón de la legislación
¿Qué tan actualizada está la legislación ambiental colombiana, y más si se tiene en cuenta que en los últimos 50 años el país ha sufrido grandes transformaciones? Por sólo poner un ejemplo, de acuerdo con la Ley Segunda de 1959, el casco urbano de Valledupar queda en la reserva forestal de la Sierra Nevada de Santa Marta.
Además, las concepciones sobre la conservación han evolucionado y la industria, al aprender de errores del pasado, ha avanzado de manera notable en los procesos de reutilización, reciclaje y manejo de desechos contaminantes. A ratos el discurso ambiental se basa en saberes y paradigmas de los años 70 y no tiene en cuenta que algunas cosas han cambiado para bien.
El vagón del Estado
Mientras que funcionarios y personas cercanas al Ministerio de Minas consideran que la legislación es rigurosa, voces que defienden las banderas del ambientalismo tienen serios reparos al respecto. Señalan que en los últimos años se ha impuesto una política laxa, visible en las empresas mineras del Cesar, como lo señaló la Procuraduría en su investigación de 2008.
Las autoridades del sector minero reconocen que se puede estar fallando en el seguimiento a los proyectos por parte de la autoridad ambiental. Voces más críticas consideran que a pesar de ciertos avances la regulación ambiental en temas mineros sigue siendo muy pobre. La información sobre áreas sensibles del país aún es incompleta, no se cuenta con un buen sistema de información ambiental y hace falta organizar la institucionalidad.
Un paso importante ha sido la creación de Tremarctos (www.tremarctoscolombia.org), una herramienta que puede advertir si un proyecto de infraestructura va a afectar un área protegida (ya sea del orden nacional, regional o municipal), de importancia arqueológica, así como territorios de las comunidades negras y resguardos indígenas. Con ella los sectores de minas, energía y transporte pueden planificar desde el comienzo sus proyectos, detectar eventuales daños al ambiente y de manera preliminar pueden adecuar el diseño o el trazado del proyecto, estudiar la manera de compensar el área y la comunidad afectadas cuando resulta inevitable provocar una alteración en el ecosistema o el paisaje, o sencillamente desistir del proyecto si afecta un área vedada.
Si las autoridades mineras utilizaran Tremarctus se disminuirían en gran medida los conflictos. Cualquier inversionista serio piensa que una vez le han otorgado la licencia de exploración significa que no van a encontrarse con ningún impedimento social ni ambiental, y muchas veces los sorprenden con demandas y conflictos jurídicos cuando el proyecto ya está en una etapa avanzada de su desarrollo. La ineficiencia también entra en el juego. Mientras que en el Ministerio del Ambiente suelen cumplir los tiempos de ley para otorgar una licencia ambiental, en las corporaciones autónomas regionales se ven casos de expedientes de más de 20 años sin solución en los que la operación ya concluyó.
El vagón de la ilegalidad
La verdadera lacra es la minería ilegal, una plaga no solo ambiental sino social, que en ocasiones financia grupos armados al margen de la ley y se utiliza para lavar activos del narcotráfico; no genera ingresos de calidad a los trabajadores y no paga regalías. Mal llamada en algunos casos "pequeña minería", avanza sin ningún control. Ejemplos como los del Río Dagua, en el Valle; el bajo Cauca, Ayapel, el sur de Bolívar y algunas zonas del Chocó constituyen una catástrofe ambiental que tendrá consecuencias por varias generaciones.
Pero eso no es lo más triste. Delante de las narices de las autoridades entran a Colombia equipos que extraen oro sin permisos, sin controles y que no pagan impuestos ni regalías. Se trata de 60 o 90 millones de dólares que se movilizan sólo en adquisición de equipos para cada una de estas "pequeñas operaciones ilegales", supuestamente de pequeños y pobres mineros.
Para que Colombia siga la senda de crecimiento sostenido de Australia, Canadá y Chile, y además se haga realidad la promesa del presidente Santos de proteger la incalculable riqueza natural de Colombia, hace falta tener reglas de juego claras, seguridad jurídica, coordinación interinstitucional y atraer a inversionistas que aporten tecnología de punta, paguen impuestos y regalías, manejen de manera adecuada el ambiente y restauren los ecosistemas que afectaron cuando terminen la explotación.
Por Eduardo Arias
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* Texto basado en conversaciones y entrevistas con Sandra Suárez, ex ministra de Ambiente; Beatriz Duque, directora de Minas del Ministerio de Minas y Energía; Arturo Quirós Boada, director ejecutivo de la Cámara Asomineros de la ANDI; Carlos E. Díaz, director ejecutivo de la Cámara Colombiana de Minas; Marcello Veigas, de la Universidad de British Columbia; Fabio Arjona, de Conservación Internacional, así como la lectura de La minería en Colombia: impacto socioeconómico y fiscal, de Mauricio Cárdenas y Mauricio Reina (Cuadernos de Fedesarrollo No. 25); artículos de prensa escritos por Manuel Rodríguez Becerra, ex ministro de Ambiente, y Carlos Alberto Jaramillo, presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas de Colombia, y correos electrónicos enviados por diversas organizaciones ambientales y cívicas. Las opiniones aquí expresadas, aunque sustentadas en declaraciones de las personas arriba citadas, son responsabilidad el autor.
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