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DIÁLOGOS SOBRE MITOS Y REALIDADES DE LA MINERÍA EN COLOMBIA
El significado de la sostenibilidad para la minería es un tema muy complejo porque se trata de la explotación de un recurso natural finito, sobre el cual no se puede asegurar que se preserven las condiciones de acceso, costos de extracción o existencias para las generaciones futuras. El significado de sostenibilidad para el sector minero del país debe estar centrado en las ganancias netas, sociales, económicas e incluso ambientales que podrían surgir de la actividad minera. Bajo este esquema la minería sería aceptable en términos de sostenibilidad cuando sus impactos negativos, inmediatos o futuros, sean corregidos a través de procesos de remediación ambiental y social que le provean a las comunidades impactadas beneficios suficientes que les aseguren un futuro socioeconómico y ambiental sostenible. Estos costos estén internalizados en las diferentes etapas de un proyecto, desde la exploración hasta el cierre de los proyectos mineros. En ese sentido, existen tres grandes desafíos para que se de un desarrollo sostenible del sector minero en Colombia.
I) El primero, es hacer de la minería tradicional una actividad controlada y responsable. Uno de los desafíos para el sector minero-energético de Colombia en términos de desarrollo sostenible es la consolidación de una minería tradicional y de pequeña escala que se rija por objetivos puntuales de sostenibilidad a largo plazo. La pequeña minería se ha convertido en uno de los sectores de mayor crecimiento de la industria minera de Colombia, pero genera impactos negativos sociales, económicos y ambientales. Desafortunadamente, el statu quo de la minería tradicional se ha mantenido en el país gracias al desarrollo de legislaciones que le han dado protección especial a este sector, tal vez porque se le considera una fuente generadora de empleo e ingresos estables. Sin embargo, hoy en día se evidencia que este camino no le ha dejado al país los frutos que se esperaban, es decir, una formalización de actividades mineras controladas y responsables para que generen empleo formal y sostenible.
Este sector le ha dejado a la Nación más bien problemas de salud pública, ofertas de empleo limitada e ingresos inestables, explotación infantil, condiciones de trabajo infrahumanas que desatan tragedias, y por si fuera poco se ha disparado la minería ilegal con resultados nefastos para nuestros recursos naturales y para la misma seguridad nacional del Estado.
Es evidente que en la definición de minería tradicional, artesanal o de hecho en Colombia es muy poco clara y farragosa, de manera que se ha venido generando un incentivo perverso para que mineros ilegales, en muchos casos pertenecientes a grupos armados al margen de la ley utilicen la figura de minería tradicional, para legalizarse a través de terceros.
El problema no es la minería de pequeña escala o la tradicional, el problema es que este sector de minería no está definido y caracterizado. No puede ser que un minero tradicional sea el equivalente a alguien que lleva ejerciendo la minera por 10 años, 5 de los cuales deben ser consecutivos. Esta es más bien la definición de un emprendedor o especulador minero que tendría la oportunidad de hacerse legal, pero ¿a qué costo para el país? Si este es el requisito primordial para legalizar la actividad minera en Colombia, pues entonces olvidémonos del anhelado encadenamiento económico de las regiones mineras e ignoremos la contaminación de los recursos naturales y diversidad biológica de nuestro país que son la fuente de los servicios ambientales que sostienen nuestra forma de vida. Hay que tener claro que no es suficiente declarar algunas áreas protegidas si los efectos de la minería incontrolada y anti técnica, ya sea legal o ilegal, afectan no solo los distritos mineros sino todo el territorio nacional, especialmente cuando se habla de uso indiscriminado de sustancias bio-acumulativas.
La falta de atención a los problemas de sostenibilidad de la industria minera de pequeña escala o artesanal ha tenido una relevancia importante en el desencadenamiento de problemas sociales y ambientales para Colombia. Para poder proteger nuestros mineros ancestrales, y a aquellos que se dedican a este oficio como forma de subsistencia, hay que definir quiénes son, en dónde están y qué capacidades técnicas tienen para la extracción. De esta manera se les podría brindar asistencia técnica para que ellos mismos aprendan a minimizar y remediar los impactos negativos que ocasionan.
La poca claridad que se tiene sobre el concepto de minería artesanal o -“de hecho”- en nuestro país implica para estos mineros que hay una profunda falta de reconocimiento de sus dificultades y necesidades. Entre las más comunes son la carencia de asistencia legal, técnica y económica para la formalización de la actividad y la ausencia de canales de comercialización.
Ahora bien, teniendo en cuenta las condiciones socioeconómicas y sociopolíticas actuales, ¿Cabría diseñar una política minero-ambiental que fomente una minería sostenible y responsable en Colombia, independientemente de la escala de explotación? La respuesta debería ser afirmativa, pues de ello depende no solo la sostenibilidad sino la rentabilidad del sector minero. De nada sirve acumular regalías si en el en futuro es posible que haya que recurrir a esa riqueza para recuperar los daños ambientales causados por quienes explotan recursos naturales de manera insostenible y por la falta de fiscalización de los mismos entes del Estado para evitarlo. La idea es que quien explote un recurso y contamine, pague por la recuperación de los daños causados.
II) El segundo punto o desafío, es diseñar una política minero ambiental con objetivos de sostenibilidad de largo plazo. La discusión sobre la política y legislación minera en el país debe estar centrada en cómo hacer cumplir estándares minero-ambientales para todos los sectores de la minería, ya sea pequeña, mediana o gran minería, para resguardar la salud y la seguridad nacional del país.
Sin embargo, la discusión sobre minería en el país se ha ideologizado. Mientras algunos sectores piensan que el debate debe estar centrado en una discusión sobre si el país debe o no fomentar el sector minero (minería versus medio ambiente); otros sectores arguyen que el debate debe estar centrado en definir el conjunto de la industria minera que se debe ayudar o proteger (trasnacionales versus comunidades mineras locales). Estas dos líneas en pensamiento ideológico-minero han dificultado el entendimiento de la minería sostenible para el país y han dejado por fuera del debate un aspecto más evidente y oscuro de la problemática minera actual: La proliferación de la minería ilegal.
La minería en Colombia ha sido en gran medida cooptada por grupos al margen de la ley y actores del conflicto colombiano y la han convertido en una fuente de enriquecimiento y lavado de activos para estas organizaciones. Mientras que los precursores del Estado de derecho y las minorías defienden la minería nacional y algunos grupos ecologistas rechazan de tajo la minería como actividad económica potencialmente sostenible, la minería ilegal continua desarrollándose de manera rampante. En este escenario las instituciones minero-ambientales del Estado, están enfocadas en perseguir a la minería ilegal en lugar de preocuparse por definir estándares de responsabilidad y sostenibilidad para la minería y verificar que las actividades extractivas se lleven a cabo de acuerdo a esos estándares.
Las normas ambientales contempladas en el código de minas, tampoco son eficientes. La intervención minera en algunas áreas que se consideran de reserva podrían ser sostenibles, pero el prohibir tajantemente la explotación legal se le abre paso a explotaciones informales que carecen de supervisión y vigilancia.
Para que la minería logre ser responsable y sostenible es necesario, no solo evitar y remediar los impactos causados por esta actividad sino, además, enmarcar dicha actividad dentro de una política minero ambiental que le confiera a la minería de cualquier escala objetivos de sostenibilidad de largo plazo.
Si esto se cumpliera y existiese unos estándares y normatividad clara, los proyectos de responsabilidad social-ambiental no serían determinados por los mineros o por el dueño de la compañía, la autoridad regional ambiental o el alcalde de turno, sino que estarían sujetos a una política de Estado, desde donde la minería está definida y diseñada para generar patrones sociales, políticos, poblacionales y económicos positivos que le aseguren algún nivel de sostenibilidad a la generaciones futuras que subsisten y que al mismo tiempo serían afectadas por la actividad minera.
Para ello, el gobierno debería definir y caracterizar parámetros técnicos, ambientales y sociales para el desarrollo de la minería que en cualquier caso incluya indicadores de manejo y recuperación ambiental de las áreas afectadas por la actividad minera.
III) El tercer desafío sería establecer un sistema de información confiable para uso interinstitucional y público que garantice el buen funcionamiento y la transparencia del sector minero. ¿Cómo puede otorgarse un titulo minero si se desconoce si el área a intervenir es una zona importante para la biodiversidad, o si se presenta en zonas de servicios ambientales importantes? Ingeominas aparentemente no se hace esa pregunta antes de otorgar una concesión. ¿Cuánto demoraría las autoridades competentes en verificar la información? Si vemos el mapa de concesiones y solicitudes mineras, en un simple ejercicio vemos que hay una enorme coincidencia con sitios de restricción nacional, regional y local. Ya eso de hecho está garantizando un conflicto en el momento del desarrollo del proyecto al inversionista que piensa que tiene una autorización minera. Uno de los desafíos más importantes que tiene el sector es justamente tener un sistema de información adecuado con base en la principal función que tiene el Ministerio de Ambiente que es el ordenamiento ambiental del territorio.
CI Colombia, con el apoyo del Sistema Nacional Ambiental en cabeza del Ministerio de Medio Ambiente, ha diseñado un sistema de alarmas tempranas que en principio ha reunido toda la mayor disponible sobre la biodiversidad sensible del país, poniéndolo bajo un mismo esquema en un Sistema de Información Geográfico. Este podría ser el inicio de una herramienta que apoye el ordenamiento ambiental del territorio para la infraestructura y específicamente para la minería. La herramienta Tremarctos (www.tremarctoscolombia.org) está disponible en la página web, estamos en la tarea con el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial de incluir nuevos módulos que van a ser muy importantes para el esquema de planificación como son el tema de ordenamiento ambiental de territorio o de servicios ambientales. El uso de esta herramienta, simplemente como una alarma temprana, podría desde ya comenzar a evitar conflictos de uso de territorio.
Una política minero ambiental que aborde integral y complementariamente los puntos anteriormente propuestos, podrían garantizar que la minería pudiera ser realmente una de las locomotoras que apoye el crecimiento del país, en caso contrario lo que tendremos seria un escenario grave deterioro de nuestra base natural por de pérdida de nuestros ecosistemas, saqueo de nuestra riqueza, y empobrecimiento progresivo.
Muchas gracias.
Fuentes
Arjona A., Andrea (2010). Desafíos del sector minero ambiental 2010-2014, informe preparado para el Ministerio de Minas y Energía.
Arjona A. Andrea (2010). Diagnóstico sobre la minería ilegal de oro en Colombia. Informe preliminar preparado para el MAVDT.
CI Colombia www.TremarctosColombia.org
Gibson, R. (2000). Favoring the higher test: contribution to sustainability as a central criterion for reviews and decisions under the Canadian Environmental Assessment Act. Journal of Environmental Law and Practice 10 (1): 39-54.
Ley 1382 de 2010. Congreso de la República de Colombia.
MAVDT (2010). Las regalías mineras deben pagar los costos ambientales. Propuesta, Octubre 12 de 2010.
Whitmore, A. (2006). The emperor new clothes: sustainable mining? Journal of Cleaner Production 14 (3-4): 309-314.
I) El primero, es hacer de la minería tradicional una actividad controlada y responsable. Uno de los desafíos para el sector minero-energético de Colombia en términos de desarrollo sostenible es la consolidación de una minería tradicional y de pequeña escala que se rija por objetivos puntuales de sostenibilidad a largo plazo. La pequeña minería se ha convertido en uno de los sectores de mayor crecimiento de la industria minera de Colombia, pero genera impactos negativos sociales, económicos y ambientales. Desafortunadamente, el statu quo de la minería tradicional se ha mantenido en el país gracias al desarrollo de legislaciones que le han dado protección especial a este sector, tal vez porque se le considera una fuente generadora de empleo e ingresos estables. Sin embargo, hoy en día se evidencia que este camino no le ha dejado al país los frutos que se esperaban, es decir, una formalización de actividades mineras controladas y responsables para que generen empleo formal y sostenible.
Este sector le ha dejado a la Nación más bien problemas de salud pública, ofertas de empleo limitada e ingresos inestables, explotación infantil, condiciones de trabajo infrahumanas que desatan tragedias, y por si fuera poco se ha disparado la minería ilegal con resultados nefastos para nuestros recursos naturales y para la misma seguridad nacional del Estado.
Es evidente que en la definición de minería tradicional, artesanal o de hecho en Colombia es muy poco clara y farragosa, de manera que se ha venido generando un incentivo perverso para que mineros ilegales, en muchos casos pertenecientes a grupos armados al margen de la ley utilicen la figura de minería tradicional, para legalizarse a través de terceros.
El problema no es la minería de pequeña escala o la tradicional, el problema es que este sector de minería no está definido y caracterizado. No puede ser que un minero tradicional sea el equivalente a alguien que lleva ejerciendo la minera por 10 años, 5 de los cuales deben ser consecutivos. Esta es más bien la definición de un emprendedor o especulador minero que tendría la oportunidad de hacerse legal, pero ¿a qué costo para el país? Si este es el requisito primordial para legalizar la actividad minera en Colombia, pues entonces olvidémonos del anhelado encadenamiento económico de las regiones mineras e ignoremos la contaminación de los recursos naturales y diversidad biológica de nuestro país que son la fuente de los servicios ambientales que sostienen nuestra forma de vida. Hay que tener claro que no es suficiente declarar algunas áreas protegidas si los efectos de la minería incontrolada y anti técnica, ya sea legal o ilegal, afectan no solo los distritos mineros sino todo el territorio nacional, especialmente cuando se habla de uso indiscriminado de sustancias bio-acumulativas.
La falta de atención a los problemas de sostenibilidad de la industria minera de pequeña escala o artesanal ha tenido una relevancia importante en el desencadenamiento de problemas sociales y ambientales para Colombia. Para poder proteger nuestros mineros ancestrales, y a aquellos que se dedican a este oficio como forma de subsistencia, hay que definir quiénes son, en dónde están y qué capacidades técnicas tienen para la extracción. De esta manera se les podría brindar asistencia técnica para que ellos mismos aprendan a minimizar y remediar los impactos negativos que ocasionan.
La poca claridad que se tiene sobre el concepto de minería artesanal o -“de hecho”- en nuestro país implica para estos mineros que hay una profunda falta de reconocimiento de sus dificultades y necesidades. Entre las más comunes son la carencia de asistencia legal, técnica y económica para la formalización de la actividad y la ausencia de canales de comercialización.
Ahora bien, teniendo en cuenta las condiciones socioeconómicas y sociopolíticas actuales, ¿Cabría diseñar una política minero-ambiental que fomente una minería sostenible y responsable en Colombia, independientemente de la escala de explotación? La respuesta debería ser afirmativa, pues de ello depende no solo la sostenibilidad sino la rentabilidad del sector minero. De nada sirve acumular regalías si en el en futuro es posible que haya que recurrir a esa riqueza para recuperar los daños ambientales causados por quienes explotan recursos naturales de manera insostenible y por la falta de fiscalización de los mismos entes del Estado para evitarlo. La idea es que quien explote un recurso y contamine, pague por la recuperación de los daños causados.
II) El segundo punto o desafío, es diseñar una política minero ambiental con objetivos de sostenibilidad de largo plazo. La discusión sobre la política y legislación minera en el país debe estar centrada en cómo hacer cumplir estándares minero-ambientales para todos los sectores de la minería, ya sea pequeña, mediana o gran minería, para resguardar la salud y la seguridad nacional del país.
Sin embargo, la discusión sobre minería en el país se ha ideologizado. Mientras algunos sectores piensan que el debate debe estar centrado en una discusión sobre si el país debe o no fomentar el sector minero (minería versus medio ambiente); otros sectores arguyen que el debate debe estar centrado en definir el conjunto de la industria minera que se debe ayudar o proteger (trasnacionales versus comunidades mineras locales). Estas dos líneas en pensamiento ideológico-minero han dificultado el entendimiento de la minería sostenible para el país y han dejado por fuera del debate un aspecto más evidente y oscuro de la problemática minera actual: La proliferación de la minería ilegal.
La minería en Colombia ha sido en gran medida cooptada por grupos al margen de la ley y actores del conflicto colombiano y la han convertido en una fuente de enriquecimiento y lavado de activos para estas organizaciones. Mientras que los precursores del Estado de derecho y las minorías defienden la minería nacional y algunos grupos ecologistas rechazan de tajo la minería como actividad económica potencialmente sostenible, la minería ilegal continua desarrollándose de manera rampante. En este escenario las instituciones minero-ambientales del Estado, están enfocadas en perseguir a la minería ilegal en lugar de preocuparse por definir estándares de responsabilidad y sostenibilidad para la minería y verificar que las actividades extractivas se lleven a cabo de acuerdo a esos estándares.
Las normas ambientales contempladas en el código de minas, tampoco son eficientes. La intervención minera en algunas áreas que se consideran de reserva podrían ser sostenibles, pero el prohibir tajantemente la explotación legal se le abre paso a explotaciones informales que carecen de supervisión y vigilancia.
Para que la minería logre ser responsable y sostenible es necesario, no solo evitar y remediar los impactos causados por esta actividad sino, además, enmarcar dicha actividad dentro de una política minero ambiental que le confiera a la minería de cualquier escala objetivos de sostenibilidad de largo plazo.
Si esto se cumpliera y existiese unos estándares y normatividad clara, los proyectos de responsabilidad social-ambiental no serían determinados por los mineros o por el dueño de la compañía, la autoridad regional ambiental o el alcalde de turno, sino que estarían sujetos a una política de Estado, desde donde la minería está definida y diseñada para generar patrones sociales, políticos, poblacionales y económicos positivos que le aseguren algún nivel de sostenibilidad a la generaciones futuras que subsisten y que al mismo tiempo serían afectadas por la actividad minera.
Para ello, el gobierno debería definir y caracterizar parámetros técnicos, ambientales y sociales para el desarrollo de la minería que en cualquier caso incluya indicadores de manejo y recuperación ambiental de las áreas afectadas por la actividad minera.
III) El tercer desafío sería establecer un sistema de información confiable para uso interinstitucional y público que garantice el buen funcionamiento y la transparencia del sector minero. ¿Cómo puede otorgarse un titulo minero si se desconoce si el área a intervenir es una zona importante para la biodiversidad, o si se presenta en zonas de servicios ambientales importantes? Ingeominas aparentemente no se hace esa pregunta antes de otorgar una concesión. ¿Cuánto demoraría las autoridades competentes en verificar la información? Si vemos el mapa de concesiones y solicitudes mineras, en un simple ejercicio vemos que hay una enorme coincidencia con sitios de restricción nacional, regional y local. Ya eso de hecho está garantizando un conflicto en el momento del desarrollo del proyecto al inversionista que piensa que tiene una autorización minera. Uno de los desafíos más importantes que tiene el sector es justamente tener un sistema de información adecuado con base en la principal función que tiene el Ministerio de Ambiente que es el ordenamiento ambiental del territorio.
CI Colombia, con el apoyo del Sistema Nacional Ambiental en cabeza del Ministerio de Medio Ambiente, ha diseñado un sistema de alarmas tempranas que en principio ha reunido toda la mayor disponible sobre la biodiversidad sensible del país, poniéndolo bajo un mismo esquema en un Sistema de Información Geográfico. Este podría ser el inicio de una herramienta que apoye el ordenamiento ambiental del territorio para la infraestructura y específicamente para la minería. La herramienta Tremarctos (www.tremarctoscolombia.org) está disponible en la página web, estamos en la tarea con el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial de incluir nuevos módulos que van a ser muy importantes para el esquema de planificación como son el tema de ordenamiento ambiental de territorio o de servicios ambientales. El uso de esta herramienta, simplemente como una alarma temprana, podría desde ya comenzar a evitar conflictos de uso de territorio.
Una política minero ambiental que aborde integral y complementariamente los puntos anteriormente propuestos, podrían garantizar que la minería pudiera ser realmente una de las locomotoras que apoye el crecimiento del país, en caso contrario lo que tendremos seria un escenario grave deterioro de nuestra base natural por de pérdida de nuestros ecosistemas, saqueo de nuestra riqueza, y empobrecimiento progresivo.
Muchas gracias.
Fuentes
Arjona A., Andrea (2010). Desafíos del sector minero ambiental 2010-2014, informe preparado para el Ministerio de Minas y Energía.
Arjona A. Andrea (2010). Diagnóstico sobre la minería ilegal de oro en Colombia. Informe preliminar preparado para el MAVDT.
CI Colombia www.TremarctosColombia.org
Gibson, R. (2000). Favoring the higher test: contribution to sustainability as a central criterion for reviews and decisions under the Canadian Environmental Assessment Act. Journal of Environmental Law and Practice 10 (1): 39-54.
Ley 1382 de 2010. Congreso de la República de Colombia.
MAVDT (2010). Las regalías mineras deben pagar los costos ambientales. Propuesta, Octubre 12 de 2010.
Whitmore, A. (2006). The emperor new clothes: sustainable mining? Journal of Cleaner Production 14 (3-4): 309-314.
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